Lula, un ciudadano secuestrado por el Poder Judicial

Lula, un ciudadano secuestrado por el Poder Judicial

Lula, un ciudadano secuestrado por el Poder Judicial

Brasilia 29 jun.- El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso político desde hace 12 semanas, es un ciudadano temporalmente secuestrado por el Poder Judicial brasileño para que sus derechos políticos permanezcan anulados hasta después de las elecciones.

La conclusión fue expuesta por el diario digital Brasil 247, después que en una nueva y cuestionada maniobra judicial el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin suspendiera el juzgamiento por la segunda sala de esa corte de un recurso que, de ser admitido, podría librar a Lula de la prisión que cumple anticipadamente.

Fachin no solo resolvió que el caso debería ir a discusión en el pleno del STF -el escenario más adverso posible para el exdignatario- sino que agregó en el análisis del recurso una evaluación sobre la aplicación del artículo 26-C de la Ley Complementar 64/90, que se refiere a la Ley de Inelegibilidad.

Ocurre que la defensa de Lula no pidió esta decisión en su recurso y un juez no puede decidir sobre lo que no le fue solicitado, manifestó el Ejecutivo Nacional del Partido de los Trabajadores (PT) en una declaración en la cual subrayó que el magistrado ‘rebasó todos los límites’.

La maniobra de Fachin evoca el espíritu autoritario de los actos institucionales editados por la dictadura para anular los mandatos y derechos de los representantes del pueblo, sostuvo el documento e insistió en que un juez -y menos un ministro de la Suprema Corte- puede ‘disponer de forma abusiva de la libertad de un hombre y de sus derechos políticos’.

En ese sentido, y en declaraciones al periódico Brasil de Fato, el abogado Marco Aurelio de Carvalho, integrante de la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia (ABJD), fue categórico al afirmar que ‘existe un activismo judicial indiscutible, una manipulación orquestada por el Poder Judicial’.

El hecho que él haya acoplado ese artículo 26-C transmite a los operadores de Derecho la comprensión de que su interés es mantener a Lula preso, y pensando que podría no conseguirlo, anticipa el debate sobre las condiciones de inelegibilidad, que, en circunstancias normales, debería darse en el Tribunal Superior Electoral (TSE), explicó.

De Carvalho fue uno de los más de 270 juristas, abogados y profesores universitarios que firmaron un manifiesto por la ‘Defensa y presunción de inocencia de Lula y contra actos que debilitan la Constitución’.

El texto, difundido a raíz de la decisión de Fachin, expresó un claro repudio a ‘las maniobras de plazos y procedimientos que aplacen una decisión sobre el derecho de libertad y las garantías fundamentales que afecta no apenas al reo del caso concreto (Lula), sino la vida de millares de encarcelados en Brasil’.

Enfatizó además que causaba espanto no solo la forma anómala de la decisión que restringe derechos prioritarios y urgentes -presunción de inocencia y daños resultantes de la privación de libertad- sino que partiera de un ministro cuya biografía siempre exhibió y profesó en defensa de la Constitución de 1988 y de la democracia.

Dicho sea de paso, el mismo día en que canceló el juzgamiento de Lula, Fachin archivó una investigación de la Policía Federal sobre obstrucción de la justicia y compra de silencio de un testigo que involucra directamente al senador Ciro Nogueira, pero que también apunta a la posibilidad de revelar vínculos con el presidente Michel Temer. (PL)

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