Archivo de la etiqueta: Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba

Fiscalía General de la República actualiza sobre procesos penales derivados del 11 de julio

Fiscalía General de la República actualiza sobre procesos penales derivados del 11 de julio

La Fiscalía General de la República continúa informando al pueblo sobre la respuesta legal a los hechos del 11 de julio de 2021, que atentaron contra el orden constitucional y la estabilidad de nuestro Estado socialista. Sigue leyendo

Código Penal cubano: Nuevas y viejas sanciones principales y accesorias

Código Penal cubano: Nuevas y viejas sanciones principales y accesorias

La Habana, 16 may.- El Derecho penal, como rama dentro del ordenamiento jurídico de un país, está diseñado para establecer cuales son los hechos que se van a constituir como delitos por dañar algún bien jurídico o ponerlo en peligro. Algunos de los bienes protegidos en todas las sociedades son: el orden constitucional, la vida, el patrimonio, la seguridad colectiva, la función pública, la economía, la libertad sexual, entre otros y a cada uno de ellos lo integra un conjunto de figuras delictivas. Es lo que se identifica como: “tipos penales”, por ejemplo: homicidio, lesiones, hurto, robo, violación, cohecho, desorden público, daños, tráfico de drogas (…). Sigue leyendo

Novedad en Cuba: Proceso especial para la defensa de los derechos constitucionales

Novedad en Cuba: Proceso especial para la defensa de los derechos constitucionales

La Habana, 28 mar.- Todo texto constitucional, como norma suprema, es garantía esencial de los contenidos que regula y, por eso, requiere de mecanismos de defensa y protección de los derechos que en ella se reconocen. Sigue leyendo

El tratamiento a los imputados y acusados menores de 18 años de edad en el marco de la reforma procesal cubana

El tratamiento a los imputados y acusados menores de 18 años de edad en el marco de la reforma procesal cubana

La Habana, 23 mar.- La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño establece los 18 años como la mayoría de edad de la persona. Sin embargo, tal principio no resulta obligatorio para los países signatarios, los que, en correspondencia con su idiosincrasia, tradición jurídica e intereses, pueden adoptar la edad que decidan, con la sugerencia de que, en caso de no coincidir con la contemplada en la convención, deberá proveerse a la persona menor de ese límite etario que es procesada penalmente, un grupo de garantías que aseguren el debido proceso y, por tanto, la protección especial que merece en atención a su condición de persona en desarrollo. Sigue leyendo